La gerencia pública y el contrato interadministrativo
Por: El Profesor Wilger Medina Rebolledo
Para la Gerencia Pública la palabra más exigente es; “resultados”, en tanto es la versión más avanzada de la administración pública, si hay “buenos resultados”, es porque existe articulación Intrainstitucional e Interinstitucional; entre los procesos – procedimientos y directrices que determinan la gestión.
Desde el 30 de mayo de 2018, fecha en la que ingreso Colombia a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico – OCDE, cuyo propósito está precedido por la sentencia “Mejores políticas para una vida mejor”, el Gobierno asume un proceso de modernización del Estado, para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza en sus instituciones y en los servidores públicos, hacia lograr mejores niveles de satisfacción a partir de la legitimidad del aparato público, generando resultados con valor público.
Las organizaciones han definido un marco de referencia propio para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar sus propias tareas para lograr “resultados”, que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de las comunidades objeto de su gobierno, todo ello con cargo a mejorar la economía, eficacia, eficiencia y calidad de todos los productos y servicios objetos de su misión.
Lo anterior, pone a las Instituciones Públicas y sus Gerencias en el paradigma de adaptar instrumentos de la gestión empresarial al manejo de los asuntos públicos que amparan la prestación de servicios más ajustados a las necesidades de los ciudadanos en la satisfacción de las demandas sociales.
Con la premura del mandado que implica “resultados”, la Gerencia Pública tiene que actuar diferente, el poder de la esfera estatal se reduce para dar estímulo a la iniciativa privada, ello involucra nuevas demandas de la población a los gobiernos, modificando las relaciones establecidas históricamente entre los sectores públicos y privados, se convierten en aliados.
Para ello, resulta indispensable modernizar la Administración Pública, pasando del Estado burocrático tradicional a un esquema mucho más flexible, eficiente, transparente y orientado a satisfacer las demandas ciudadanas.
El paradigma de la transformación estatal es aún una cuestión inacabada, se debe superar el modelo weberiano caracterizado por la formalidad, la minuciosa reglamentación de los procedimientos, la estricta división y especialización de las tareas, la rígida jerarquía dentro de la organización y el apego a rutinas y procedimientos estandarizados, la Gerencia Pública Moderna tiene que promover una gestión menos costosa y efectiva.
Ahora bien, si como Institución se pertenece a un Gremio Público, en el cual, por la diversidad de naturalezas públicas y sus regímenes de contratación son distintos, se deben flexibilizar algunos instrumentos que se pueden utilizar como herramientas para agilizar los servicios, es el momento preciso y oportuno para aplicarlo y ponerlo por encima de la mesa como regla de juego dentro de la colectividad.
En el establecimiento del Gobierno y la Gerencia Pública el Instrumento más utilizado para dar cumplimiento a sus respectivas obligaciones a partir de poner en marcha las diferentes políticas públicas en la satisfacción de las necesidades de las comunidades es la “Contratación” y con ello sus diferentes modalidades; El Contrato para las organizaciones públicas es un medio, en tanto el fin está definido por el marco de sus objetivos misionales y sus competencias en concordancia con los fines del Estado.
En este orden de ideas, para la Gerencia Pública en la pretensión de conseguir “resultados” el contrato interadministrativo resulta ser la opción más expedita por cuanto para que exista, sólo se necesita que concurran; la voluntad de las personas jurídicas, acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y que se eleve a escrito, lo demás cabe dentro del marco de referencia de hacer seguimiento, evaluar y controlar para garantizar el objeto contratado.
Con este Modelo la Gerencia Pública, en el marco de su pertinencia cumple con la premisa del Estado racionalizado, por cuanto analiza las necesidades de los ciudadanos y que agentes públicos-privados o asociaciones pueden prestar los servicio con mayor eficiencia y calidad. Así como, separa la esfera política de la administrativa, en la medida en que la primera se enmarca en la gestión estratégica encargada de definir las políticas globales y sus criterios de aplicación, mientras que la segunda asume un papel de carácter operativo en el que se precisa la manera como se suministran los servicios a los ciudadanos.
Se cumple con una nueva actitud del servicio y se le da importancia al Ciudadano, en la medida en que la Administración Pública deja de concebirse como un instrumento coercitivo dotado de soberanía y empieza a percibirse como un órgano cuyo papel consiste en la prestación del servicio a la sociedad.
Por último, se establece un Modelo de Gestión diferente, inspirado en la estructura gerencial con la participación de las empresas privadas, cuyas principales características son la gestión por resultados, la orientación hacia el mercado, la promoción de la competencia, el enfoque en los productos, la gestión total de la calidad, la rendición de cuentas sobre los resultados, que es a lo que se le debe realizar control político. Pues, los resultados se convierten en el fin último de toda organización pública.
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