Ley 2460 de 2025:¿Una Realidad para la Salud Mental Escolar o una Nueva Promesa en el Papel?

Por: Felipe Ramírez Castillo- Neurosicólogo

En materia de salud mental, Colombia se encuentra en un momento decisivo. Si por una parte existen serios problemas, con índices muy altos de trastornos mentales, dificultades en el acceso y precarias condiciones sociales y económicas, por otra parte, es innegable que existe la voluntad de una mayor intervención por parte del Estado, que queda reflejada en reformas normativas, programas de prevención y promoción de la salud, así como por la voluntad de hacer visible la salud, o de desestigmatizar la salud mental.

La salud mental en Colombia presenta cifras preocupantes. Se estima que una proporción considerable de la población ha experimentado alguna vez en su vida un problema de salud mental. La depresión y la ansiedad son los trastornos más comunes. Según el Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD, 2023). Se han registrado más de 1.1 millones de casos de depresión entre 2019 y 2023, siendo las mujeres las más afectadas (72% de los casos). En cuanto a la ansiedad, aunque no se dispone de una cifra consolidada reciente, estudios previos han indicado su alta prevalencia en la población general.

Un aspecto de particular preocupación es la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Se reporta que el 44.7% de esta población sufre algún tipo de afectación en su salud mental, lo que subraya la necesidad de intervenciones tempranas y programas de prevención robustos desde la infancia (UNICEF Colombia, 2023).

El suicidio representa otra arista crítica de la salud mental en Colombia. Aunque la tendencia global en algunas regiones muestra una disminución, en las Américas, incluyendo Colombia, la mortalidad por suicidio ha experimentado un aumento según la (Organización Panamericana de la Salud, 2023). Datos recientes indican que, entre 2019 y 2023, se registraron 16,211 casos de lesiones o envenenamientos autoinfligidos, con una mayor prevalencia en hombres (79.5% de los casos), quienes además presentan un riesgo casi tres veces mayor de morir por esta causa.

A pesar de estos desafíos, Colombia ha mostrado un compromiso creciente con la salud mental a través de importantes avances normativos y estratégicos.

La Nueva Ley de Salud Mental 2046 de 2025, sancionada por el presidente de la república el 25 de junio, se espera sea un hito significativo para la promoción y prevención de la salud mental, “por medio de la cual se modifica la ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones en materia de prevención y atención de trastornos y/o enfermedades mentales, así como medidas para la promoción y cuidado de la salud mental”. Esta nueva legislación tiene como objetivo elevar la salud mental a una prioridad nacional, garantizar su integración en todas las políticas públicas, mejorar su financiamiento y asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.

De acuerdo con (MINSALUD, 2024). La nueva legislación y las políticas del Ministerio de Salud buscan fortalecer el enfoque en la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos, reconociendo la importancia de intervenir antes de que los problemas se cronifiquen.

El Art 4 de la presente ley establece que:  El Estado a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las entidades educativas públicas y privadas en lo de su competencia, garantizarán a la población colombiana, priorizando a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, educación emocional, la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales.

El sector educativo, dada su influencia en el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tiene un rol protagónico y una serie de responsabilidades claves en la implementación de esta ley:

1.      Inclusión de competencias socioemocionales en los PEI: Además de la salud mental, se incorpora el componente de competencias socioemocionales en los proyectos educativos institucionales, lo que abarca desde la educación preescolar hasta el bachillerato. Esto busca que niños y jóvenes aprendan a gestionar sus emociones, lo que contribuirá a una sociedad menos violenta y con mayor capacidad de diálogo y respeto.

2.      Formación docente en salud mental y emocional: La ley enfatiza la necesidad de capacitar a los docentes en temas de salud mental y emocional. Esto les permitirá no solo comprender mejor las necesidades de sus estudiantes, sino también desarrollar habilidades para abordar situaciones complejas y ser agentes de apoyo.

3.      Fortalecimiento de vínculos familiares y redes de cuidado: El sector educativo tiene la responsabilidad de promover y apoyar el fortalecimiento de los lazos familiares y las redes de apoyo social y comunitario. Esto incluye la implementación de "Escuelas para Padres y Madres" y cuidadores, con un enfoque en entornos protectores para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

4.      Detección temprana de señales de riesgo: Las instituciones educativas deben implementar mecanismos para identificar precozmente signos de alerta relacionados con problemas de salud mental en los estudiantes. Esto es fundamental para una intervención oportuna.

Si bien es cierto, La Ley 2460 de 2025 ofrece una oportunidad invaluable para transformar el abordaje de la salud mental en el ámbito educativo. Su éxito dependerá de una implementación coordinada, con recursos suficientes, formación adecuada, el compromiso del Ministerio de Educación, las Entidades Territoriales Certificadas y de toda la comunidad educativa para construir entornos que fomenten el bienestar y la resiliencia de las futuras generaciones.

Aunque la ley enfatiza la promoción y prevención, es fundamental que su implementación contemple mecanismos claros y presupuestos definidos para la contratación de personal especializado y la dotación de recursos. Sin una inversión significativa y estratégica en el capital humano y material, la Ley 2046 corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones más que en una herramienta transformadora.

No podemos ignorar la flagrante insuficiencia de profesionales de la salud mental en el sector educativo. La gran mayoría de las instituciones educativas carecen de docentes orientadores, y las pocas que los tienen, enfrentan una sobrecarga laboral insostenible. Hablamos de profesionales que deben atender las necesidades emocionales y psicológicas en algunos casos de más de 3000 estudiantes, sumado a la atención a un número similar de padres y otras funciones inherentes a la convivencia escolar. Esta situación no solo limita la calidad de la atención, sino que también expone a estos valiosos profesionales al agotamiento y al burnout.

Es indispensable que, en cada institución educativa del país pública o privada, exista por lo menos un docente orientador de planta por cada 500 estudiantes. Así mismo, considerar la conformación de equipos pedagógicos con profesionales especializados (psicólogo, trabajador social, educador especial y sociólogo) que permita una mirada holística y fenomenológica de la realidad que atraviesan los estudiantes. No solo como orientador escolar sino como parte integral de los equipos de bienestar estudiantil.

Referencias

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Análisis de situación de la salud mental en Colombia con énfasis en determinantes sociales (Documento técnico). Bogotá D.C., Colombia.

Organización Panamericana de la Salud. (2023). Estrategia y plan de acción para mejorar la salud mental en las Américas. Washington, D.C.: OPS.

UNICEF Colombia. (2023). De salud mental sí hablamos. Informe sobre el estado de la salud mental en niños, niñas y adolescentes en Colombia. Bogotá D.C., Colombia